El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha calificado de "absolutamente incomprensible" que el presidente de la CEOE, Joan Rossell haya pedido hoy una nueva reforma laboral. "La patronal sabe que el gran problema de nuestro país es la falta de crédito financiero" , ha contestado a preguntas de los medios de comunicación, y las posibilidades de relanzar o intentar contrarrestar la crisis se alejan precisamente porque las entidades van a estar más centradas en su recapitalización que en el crédito.

En este sentido ha asegurado no entender cómo vuelve a insistir en una fórmula absolutamente fracasada, que aumenta la destrucción de empleo y que no está salvando a las empresas del atolladero. Y se ha preguntado ¿cuándo la patronal española está dispuesta a asumir su responsabilidad? ¿está dispuesta asumir alguna responsabilidad para luchar contra la crisis para contribuir a la creación de empleo, para contribuir a evitar el deterioro de este país? Parece que siempre piensa que debe haber alguien que le saque las castañas del fuego y se vuelve a invocar una medida que sabemos que agrava más la situación de los trabajadores y del tejido empresarial.

Por otra parte, Méndez ha calificado como "una notable falta de tacto político e institucional" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya adelantado en una asamblea de los empresarios su decisión de tomar medidas económicas que "no sé si serán difíciles para el gobierno, pero que lo que provocarán serán más sacrificios para la población española". En este sentido resaltó que no es el ámbito más adecuado, que debería ir al Congreso, celebrar el debate del Estado de la Nación y explicar qué es lo que pretende y qué contrapartidas le va a exigir la UE después del rescate.

El Secretario General de UGT, que ha realizado estas declaraciones tras la reunión mantenida, a iniciativa del Partido Socialista de Cataluña, para intercambiar opiniones sobre la situación actual con su Secretario General, Pere Navarro , ha agradecido que el PSC haya apoyado la iniciativa sindical de promover una consulta sobre las políticas que se desarrollan por parte del Gobierno, que en el caso de Cataluña está previsto en su legislación, en la ley de consulta.