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Carta Social Europea. Documentos

La Carta Social Europea es una Carta de Derechos elaborada en Europa después de la Segunda Guerra Mundial para asegurar un marco europeo de libertades y derechos un poco a semejanza de la Carta de Derechos Humanos de la ONU y en la perspectiva de superar la conflictiva historia europea anterior.

Los Estados miembros del Consejo de Europa adoptaron en 1961 esta Carta Social Europea (CSE), que supone el segundo gran instrumento de derechos humanos de esta organización internacional después del Convenio Europeo para la Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Roma, 1950). Contiene una lista de 19 derechos sociales en el ámbito principalmente laboral y de la salud. En 1988 se adoptó un Protocolo adicional con cuatro nuevos derechos y en 1996 adoptó un nuevo texto, que ahora se llama Carta Social Europea (revisada), hasta alcanzar los 31 derechos sociales.

España es Estado parte de la CSE (1961) y de su Protocolo (1988), pero no de la Carta revisada de 1996. Eso sí, ha aceptado íntegramente los 19 preceptos de la CSE y los cuatro del Protocolo y está obligada por ellos, formando parte del ordenamiento jurídico español. En cambio, no está obligada por artículos con enunciados tan significativos como: “derecho a la protección frente al despido”; “derecho de los trabajadores a la tutela en caso de insolvencia de su empleador”; “derecho a la dignidad en el trabajo”; “derecho de los trabajadores con cargas familiares a la igualdad de oportunidades y de trato”; “derecho de los representantes de los trabajadores a protección en la empresa y facilidades que se les deberán conceder”; “derecho a la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo”; “derecho a protección frente a la pobreza y la exclusión social”; y “derecho a la vivienda”. Aunque algunos de estos derechos son parte de la legislación española por la vía de los convenios de la OIT.

España no ha aceptado el mecanismo de reclamaciones colectivas de la CSE, que permitiría a sindicatos, entidades sociales u organizaciones patronales demandar al Gobierno de turno ante el Comité si sus leyes o políticas públicas fueran contrarias a la CSE.

Para el cumplimiento de la Carta o reclamar su cumplimiento existen una serie de instituciones y mecanismos, en lo que se refiere a la carta de derechos civiles está el tribunal de Estrasburgo, y en lo referido a la Carta de derechos sociales está el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Este último emite unos informes anuales en los que manifiesta el grado de cumplimiento de los países y hace una serie de exigencias. En principio un incumplimiento de la CSE se podría reclamar a ese Comité pero España no ha aceptado el mecanismo de reclamaciones colectivas de la CSE, que permitiría a sindicatos, entidades sociales u organizaciones patronales demandar al Gobierno de turno ante el Comité si sus leyes o políticas públicas fueran contrarias a la CSE, lo que obliga a hacer las reclamaciones a título individual por parte de las personas que consideran vulnerados sus derechos, siendo necesario para ello agotar todo el procedimiento legal dentro del propio país.

El Comité viene reclamando en varias ocasiones al Gobierno español una serie de incumplimientos sucesivos desde el año 2000, en relación a una serie de cuestiones: laborales, protección de la familia, etc. En lo referido al derecho a una protección económica: prestaciones, ayudas y subvenciones, los informes del comité señalan muy claramente que éstas deben estar como mínimo en el umbral de la pobreza.

En definitiva, la Carta Social Europea adolece de una excesiva flexibilidad en la capacidad que otorga a los estados de asumir a voluntad compromisos jurídicos y ser objeto de supervisión. Un pragmatismo normativo que contrasta negativamente con la exigencia que tienen todos los estados miembros del Consejo de Europa de asumir el Convenio de Roma y su Tribunal de Derechos Humanos; tribunal cuyas sentencias, además, son vinculantes. Pese a estas indudables limitaciones, que vienen a demostrar la minusvaloración que tradicionalmente han sufrido los derechos sociales a escala europea, la CSE no deja de ser un tratado internacional válidamente celebrado por España y, en tanto que tal, vinculante para su gobierno, administración, jueces y ciudadanos. Las opiniones que vierte su órgano de control, el Comité Europeo de Derechos Sociales, tienen auctoritas y deberían servir como canon interpretativo de las disposiciones de la CSE asumidas por España.

Aquí puedes consultar los documentos relativos a la Carta Social Europea:

· Instrumento de Ratificación de 29 de abril de 1980, de la Carta Social Europea, hecha en Turín de 18 de octubre de 1961.

 

· INSTRUMENTO de ratificación por parte de España del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, hecho en Estrasburgo el 5 de mayo de 1988.


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