Según el Ministerio, en octubre sólo se registraron 876 solicitudes, con lo que 27.229 personas siguen sin ser atendidas por el sistema de atención

 Cuando se cumple casi cuatro años de la aprobación de la ley de la dependencia, la UGT-PV denuncia que según las estadísticas mensuales la Comunitat Valenciana sigue a la cola en el desarrollo e implantación de la llamada Ley de Dependencia, ya que todavía sigue habiendo más de 27.229 personas que no están siendo atendidas por el Sistema Valenciano de Atención a la Dependencia.

Los datos son preocupantes dado que la ley empezaba por atender a las personas que estaban en situación de gran dependencia y dependencia severa y eso ha llevado a que muchas personas dependientes hayan fallecido sin haber recibido las prestaciones y servicios que la ley contemplaba.

De los últimos datos que publicados en la estadística oficial del Ministerio, la Comunitat Valenciana tiene registradas 102.311 solicitudes un 0,9% más respecto al mes anterior, es decir, en octubre sólo se han registrado 876 solicitudes en todo el territorio de la Comunitat Valenciana. En cuanto a Dictámenes de reconocimiento de la situación de dependencia, sólo se han resuelto 624 respecto al mes anterior, y prestaciones sólo se han reconocido 1.340 prestaciones más en todo el mes de octubre, de las cuales resulta sorprendente que las prestaciones que más se han reconocido son las de teleasistencia, 1.076 más respecto al mes anterior y el resto, es decir, sólo 264 prestaciones corresponde a lo siguiente: Centros de Día , 11 prestaciones de servicio, residencias 33 prestaciones, Prestación Económica Vinculada al Servicio, no se ha concedido ninguna, es más han disminuido en 6 prestaciones y la única prestación que se incrementa es la que se destina a los cuidadores no profesionales que se incrementa en 226.

De los datos oficiales facilitados se deduce la falta voluntad que tiene la Conselleria de Bienestar Social de consolidar y desarrollar la ley en nuestra Comunitat, no apuesta por la creación de servicios de atención a la dependencia, con lo que eso significaría en el contexto actual de crisis económica. Resulta llamativo que se apueste por una prestación que la propia ley estatal define como de carácter excepcional y aquí la excepción se ha convertido en norma, ya que esas prestaciones suponen el 50,3% del total de prestaciones reconocidas, junto con la prestación residencial que representa el 32,2%, es decir, el 82,5% de las prestaciones, o son para ser cuidados por familiares o son de residencias, pero no se desarrolla el Servicio de Ayuda a Domicilio, sigue siendo de cero prestaciones, cuando en el Libro Blanco de la Dependencia, las personas mayores todas coincidían en que querían permanecer en sus casas y en su entorno pero siendo atendidos y el SAD es un servicio que es intensivo en mano de obra y permite a las personas continuar en su entorno y bien atendidos, como si ocurre en Andalucía donde el Servicio de Ayuda a Domicilio representa el 52,4% de prestaciones o Cataluña que representa el 15%.

El pasado mes de junio el gobierno central instaba, en el decreto de medidas extraordinarias, a que los expedientes de dependencia se resolvieran en 6 meses y que no se pagaran atrasos de prestaciones económicas si se resolvían en ese tiempo. En la Comunitat se siguen incumpliendo los plazos que la propia Conselleria de Bienestar Social tiene legislado, seis meses para el reconocimiento y 3 meses para resolver el PIA y otorgar la prestación o servicio, pues la demora en muchos casos sigue siendo de más de dos años y con el agravante de que la Conselleria no paga la retroactividad en las prestaciones de cuidadores no profesionales, aun cuando tiene ya cuatro sentencias del TSJ-CV que le obliga a pagarlo.

Resulta sorprendente el caso del que ha tenido conocimiento la UGT-PV donde una persona reclamó la retroactividad al tener conocimiento de las noticias que aparecían donde se reconocía la retroactividad por sentencia y al solicitarla, la Conselleria de Bienestar Social que incumple todos los plazos (el caso del que estamos hablando tardó más de dos años y medio) le contestaba a su solicitud que la Resolución había adquirido firmeza por no haberlo recurrido en el mes que tenia de plazo para hacerlo, es decir, la Conselleria no cumple pero los ciudadanos si que tienen que cumplir, por lo que esta persona que cuida de su hermana enferma con un grado de minusvalía de más del 85% y gran dependiente no ha tenido derecho a la retroactividad por no cumplir los plazos.

Por todo ello, desde la UGT-PV exigimos que la ley se aplique correctamente, que la Conselleria de Bienestar Social cumpla y que las 27.229 personas dependientes que tendrían que estar siendo atendidas actualmente y que todavía no lo están se les atienda con la máxima celeridad y se les reconozca lo que por ley tienen derecho.